Aunque en gran parte de América Latina éstos no son fenómenos nuevos, el crimen y la violencia han aumentado dramáticamente durante las últimas décadas, y hoy en día son reconocidos como un serio problema económico y social, particularmente en las áreas urbanas de la región.

La respuesta tradicional ante el aumento de los índices de criminalidad y violencia ha sido la aplicación de medidas de control o represión. Dicha modalidad interviene el problema después de que el delito o acto violento ha sido perpetrado. Su respuesta, por lo general, es “hacer más duro” el sistema legal y judicial, incrementando los recursos y la capacidad del cuerpo policial, y aplicando sanciones más severas en un esfuerzo por impedir y reprimir la delincuencia y la violencia. En dicho enfoque se asume que el problema de la delincuencia y la violencia es responsabilidad de la policía y los tribunales. Sin embargo, la mayoría de los países que combaten altos índices de criminalidad y violencia estiman que estas medidas son insuficientes y no ejercen un impacto significativo sobre dichos fenómenos. Lo anteriormente expuesto, con frecuencia va acompañado de una pérdida de confianza en el sistema de justicia penal, mientras que la preocupación de la ciudadanía por su propia seguridad continúa siendo alta.

Una segunda respuesta, que complementa la anterior, es la prevención del crimen y la violencia. La premisa básica de esta estrategia es evitar la ocurrencia del delito o acto violento. Para ello es necesario llegar a comprender y abordar las causas del crimen y la violencia, los factores de riesgo asociados a éstas, y crear comunidades más seguras cimentando sus propias fortalezas (por ejemplo, el nivel de organización de la comunidad), en vez de concentrarse exclusivamente en los problemas de la misma. Además, la prevención es una opción económicamente más sostenible que la represión.

Con base en lo anteriormente expuesto y para contribuir en el desarrollo de las comunidades a través de propuestas innovadoras para la profesionalización del sector público, el Tecnológico de Monterrey y el Instituto del Banco Mundial han preparado, de manera conjunta, el Diplomado en Ciudad Segura: estrategias y acciones básicas con un enfoque de prevención del crimen y la violencia.

Dicho enfoque combina medidas de:

	Orden policial.  Para asegurar que se mantenga el orden en las actividades cotidianas de la comunidad y para reducir el temor del público ante el crimen.
	Prevención social. Programas multi-institucionales focalizados que abordan las causas de la delincuencia y la violencia.
	Prevención situacional. Para reducir el potencial de que se susciten problemas específicos de crimen y violencia.

Este diplomado se orientará en aquellas estrategias que los gobiernos locales pueden utilizar para combatir el crimen y la violencia. Sin embargo, para que una acción del gobierno local pueda ser eficaz, todos los servicios municipales deben trabajar en conjunto, y no en forma aislada. Una acción eficaz requiere del respaldo de los diferentes sectores de la comunidad, tales como el sistema de justicia, salud y educación, los medios de comunicación, la policía, los servicios sociales, las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones religiosas. Es importante destacar que también se requiere del apoyo de los altos niveles de gobierno, así como de vínculos entre los diferentes órdenes de gobierno: nacional, estatal, regional y/o provincial.